El DHS finalmente ha codificado la nueva regla de carga pública, que ayuda a un oficial a determinar cuándo es probable que un solicitante de una tarjeta verde se convierta en una carga pública y, por lo tanto, no sea elegible para la residencia permanente. La nueva regla reemplaza a la creada por la administración Trump, que fue criticada por ampliar las razones para etiquetar a alguien como una carga pública y disuadir a muchas personas calificadas de solicitar una tarjeta verde. La nueva regla refleja muchas de las políticas que existían antes de la regla de carga pública de Trump.
Bajo la nueva regla, el enfoque de si es probable que una persona se convierta en una carga pública se centra en si una persona depende principalmente del gobierno para su subsistencia. Esto se basa en la recepción de una persona de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), asistencia en efectivo para el mantenimiento de los ingresos o institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno. Otros factores incluyen la edad, la salud, el estado financiero, la educación y la presentación de una Declaración Jurada de Apoyo requerida por la ley.
Algunas categorías de no ciudadanos no están sujetas a la regla de carga pública y no se les puede negar la residencia permanente legal por ese motivo. Esto incluye refugiados, asilados, solicitantes de registro de TPS, solicitantes de VAWA, menores de inmigración especiales y no inmigrantes T y U (víctimas de la trata de personas y ciertos delitos).
Es importante saber que la mayoría de los no ciudadanos que son elegibles para beneficios públicos no serían descalificados para una tarjeta verde. Pero si no está seguro o tiene preguntas, consulte con un abogado de inmigración.
Fuente: DHS Publishes Fair and Humane Public Charge Rule
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